Los partíos nacionalistes PNV, CiU y BNG aconceyaos na plataforma Galeuscat roblaron ayeri un manifiestu na capital gallega de sofitu a les sos llingües y cultures. Asturies nun tuvo representada porque esta plataforma ta formada por partíos que defenden la condición nacional de les sos comunidaes, la so cultura y la so llingua. Anguaño nun hai n'Asturies dengún grupu con pesu políticu específicu nin representación social asemeyao a les formaciones d'estes tres naciones. El nacionalismu asturianu apigaza dividíu en grupúsculos minoritarios, escisiones y engarradielles o amestáu a coaliciones estatales como Izquierda Xunida.
La incapacidá del nacionalismu asturianu por iguar un proyeutu común, modernu, de progresu y democráticu, fai que miles d'asturianos vivan nel esiliu políticu nel propiu país, nun siendo quien a identificase cola clas de sociedá, nin cola cultura, nin la llingua que surde de les instituciones y de los medios de comunicación.
El comunicáu de Galeuscat ye un espeyu de la rialidá que vive Asturies. El so nome nun apaez, pero nun fadría falta nin cambiar una coma pa que la sociedá asturiana roblara esti documentu. Fái falta, eso sí, dalguién que la represente.
Como fuerzas políticas propias de los pueblos gallego, vasco y catalán defendemos que la existencia de pueblos y lenguas diferentes en el Estado español debe llevar consigo el reconocimiento de derechos jurídicos que amparen esa realidad plural.
En consecuencia, la convivencia en el Estado pasa por aceptar este carácter plurilingüe y plurinacional, no por negar esta realidad ni por la imposición de una sola lengua, el castellano, como preferente o única en los terriorios que no la tenemos como originaria.
Sin embargo, a día de hoy estamos muy lejos de una situación injusta en la que se igualen los derechos de gallego, catalán y vasco en sus territorios con los del castellano en el conjunto del Estado. Después de treinta años de régimen democrático es evidente el desequilibrio entre el amparo del que goza el castellano en la Constitución y los otros idiomas cooficiales dentro de sus propios territorios.
Toda reforma de la legalidad vigente, constitucional o estatutaria, debe tener como objetivo la igualdad de derechos y deberes en relación con las diferentes lenguas oficiales en sus territorios y en las relaciones de los ciudadanos con el Estado, no en reformas involutivas impropias de una democracia y contratias al respeto de derechos humanos fundamentales.
En el actual contexto legal, defendemos la legitimidad y legalidad de las políticas de normalización lingüística que, en mayor o menor medida se practican en Cataluña, Euskadi y Galiza. También pensamos que es posible una lectura del texto constitucional que posibilite una verdadera oficialidad de nuestros idiomas en nuestras naciones conforme a lo establecido en nuestros respectivos estatutos.
Rechazamos la manipulación e intoxicación que se quiere hacer desde instancias políticas y mediáticas de ámbito estatal excitando a la opinión pública a que sólo tolere derechos y deberes en relación con lo que denominan lengua común y sus hablantes, dejando así en la más absoluta desprotección las lenguas gallega, vasca y catalana y a sus hablantes.
Sólo habrá verdadera democracia si se asume una política de igualdad, no de jerarquización y discriminación entre las diferentes lenguas del Estado español. La democracia tiene que implicar la verdadera cooficialidad de estas lenguas en sus respectivos territorios. Esta política democrática es la que venimos defendiendo desde que existimos como organizaciones políticas al servicio de nuestros respectivos países y desde que existe la plataforma Galeuscat.
La política de oficialidad a seguir con el gallego, vasco y catalán debe ser definida prioritariamente por las instituciones de autogobierno -parlamento y gobiernos autónomos-, como representantes de sus respectivos pueblos. Estas decisiones deben ser respetadas como expresión de legítima voluntad política. No aceptamos nunca imposiciones o políticas represivas en materia lingüística, dictadas al amparo de la negación del carácter plurinacional y plurilingüe del Estado y de la existencia de espacios de decisión diferenciados dotados de competencias exclusivas.
